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Chile se encamina hacia una Constitución 100% democrática

Por Mladen Yopo Herrera*


Tras las protestas del octubre de 2019, de los obligados “Acuerdos por la Paz Social y la Nueva Constitución” de noviembre de ese año (salida política), del plebiscito que le siguió (25/10/2020) y donde se decidió por una Convención Constitucional 100% electa (con un 78,28% en desmedro de la propuesta de parlamentarios), paritaria y con cuota de los pueblos originarios, de la elección de los 155 convencionales de las más diversas procedencias (44 años edad promedio y de mayoría profesional) en la elección del 15 y 16/05/2021, tras un año exacto de arduo trabajo de los convencionales con sus más de 560 sesiones de comisiones se entregó en una emotiva ceremonia la propuesta de la nueva Carta Magna al Presidente Boric para que, entre otros, firmara el decreto que llama a plebiscito para la decisión ciudadanía.


Desde un inicio existió una brutal campaña de rechazo de la Convención y de su proceso de parte de la fonda aristocrática de derecha y de ex concertacionistas (Partido del Orden). Una llena de fake news, distorsiones de lo aprobado, amplificación de encuestas de dudosa metodología y/o de problemas menores por parte de los medios y de los voceros de la fronda y sin informar de los grandes consensos y contundencias de las propuestas. Como dice el Doctor en Derecho Constitucional, Cristián Suárez Crothers, hay mucha neurosis, imprecisión y falsedad dando vueltas. Pero esto no es casualidad al estar los medios dominados por el gran empresariado ya sea por propiedad y/o avisaje publicitario.


Sin embargo y a pesar de ello se genera una inflexión con el texto y ceremonia. Con un total de 980.332 personas que redactaron o respaldaron alguna de las 2.460 iniciativas populares que ingresaron a la plataforma digital y 78 propuestas consiguieron más 15.000 firmas, como dice Roberto Pizarro, la Convención cumplió su tarea. Abrió las puertas de la democracia, permitiendo que mujeres y hombres en paridad, pueblos originarios, jóvenes, representantes de las regiones y quienes nunca habían participado en las decisiones del país, pudieran deliberar en los salones del Congreso, para escribir la Carta Fundamental que regirá los destinos de Chile en las próximas décadas.


Ahora lo que viene es que el próximo 4 de septiembre la ciudanía deberá decidir entre la opción “apruebo” y la flamante Constitución empezará a regir “in actum”, a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones que reemplazará al Senado, y se empiecen a formular las leyes y normas que operacionalicen. Si se rechazara continuará vigente la Constitución de la dictadura con los maquillajes adquiridos a través de las diversas reformas, particularmente la el 2005. No hay más fórmulas (ni aprobar para reformar o rechazar para reformar).


El Chile “aristocrático” que se deja atrás


El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chicago, Tom Ginsburg, destacó en mayo de este año, cómo el proceso chileno podría mostrar al mundo la posibilidad de canalizar una serie de energías políticas muy diversas en un proyecto constitucional. Mientras Cristián Suárez Crothers, pregunta si “Hay algún tema por ahí que corregir, indudablemente. ¿Se pudo ser más sintético?; sí. ¿Se pudo evitar señalar las atribuciones detalladas de algunos órganos?; sí. Pero todo eso tiene que ver con la desconfianza en la clase política no muy renovada del país. Una desconfianza comprensible en varios aspectos. (Pero) la nueva Constitución tiene un origen legítimo, que garantiza derechos sociales y un Estado Activo”, a lo que agregaría más inclusivo, sustentable y democrático. Tal como lo expresó la convencional y ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, con el Art. 1 “se marca una línea divisoria entre la Constitución que queremos dejar a tras y la nueva” al terminarse con el sistema neoliberal y cambiarlo por un Estado social y democrático de derecho.


Así, con un origen democrático/legitimador (no fue confeccionada por una la elite y/o iluminados), el Art. 1 plantea que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico (inc.1). Se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza (inc.2). La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo (inc.3)”.


Pero, ¿cuáles son las líneas matrices? Habría que partir destacando y como lo publica Alexis Polo G., que Chile será un país más democrático, inclusivo y paritario al consagrase que la soberanía reside en el Pueblo, el que está conformado por diversas naciones. También resalta principios como la transparencia, paridad, igualdad, libertad de pensamiento y de expresión; respeto a las diversidades, los acuerdos de las mayorías y la garantía del derecho al voto libre, igualitario, secreto, universal e informado (obligatorio y voluntario en el extranjero y para menores de 16 y 17 años); los mecanismos de democracia directa (Iniciativas populares de ley); la distribución territorial del poder (descentralización). Recoge lo esencial de la democracia representativa y la mejoran con los mecanismos de democracia directa.


En segundo lugar, se declara como país inclusivo y social al consagrarse los principios de igualdad sustantiva y no discriminación, como también el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, de la discapacidad, la niñez y la adolescencia y de los pueblos originarios. A ellos se agregan los derechos a envejecer con dignidad; de accesibilidad universal; a la comunicación con lenguas propias; erradicación de la violencia contra la niñez; sistema de protección integral de derechos de la niñez y adolescencia. Se consagra el Estado plurinacional e intercultural que reconoce varios pueblos originarios y la posibilidad de que otros puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. “Se reconocen como emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional, y además el Estado reconocerá los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas”. Al final, lo de plurinacionalidad pierde dramatismo cuando se modifica la residencia de la soberanía de la nación al Pueblo y este se ancla a los chilenos, indígenas o no, que son ciudadanos.


En tercer lugar, se enfatiza el sentido de la tradición institucional del país. Para ello define los poderes del Estado distribuidos en Ejecutivo (4 años con reelección inmediata), Legislativo (que estará conformado por el Congreso de Diputadas y Diputados y la nueva Cámara de las Regiones), Judicial (reconoce una justicia indígena en coordinación y subordinada con un Sistema Nacional de Justicia) y órganos autónomos constitucionales. Dos temas que merecen mención en particular, son la Cámara de las Regiones, cuyo número de integrantes será determinado por ley pero donde todas las regiones contarán con la misma cantidad de representantes (mínimo 3) electos democráticamente. El otro tema, es que a las policías se les quita su carácter militar, se les mantienen las mismas funciones pero con una fuerte formación en el respeto irrestricto a los derechos humanos (DD.HH.). En el caso de las FF.AA. estas se circunscriben al poder civil, pierden autonomías y ámbitos de acción.


En cuarto lugar, se garantizan iguales derechos ante la ley, los cuales son universales, indivisibles e interdependientes. La propuesta constitucional, considerando estándares internacionales de DD.HH., ha consagrado derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, esenciales para asegurar y garantizar las condiciones para vivir con dignidad. No hay nada peligroso en establecer sistemas integrados de salud, educación para fortalecer la educación pública, y de seguridad social (Sistema de Seguridad Social público). Fue la tradición de Chile. Asimismo, se estableció un amplio catálogo de derechos civiles y políticos. Es notable, como se establecieron deberes específicos para el Estado.

Una quinta premisa es la de “un Chile libre”, al señalar que “nuestra convivencia democrática se sustenta en el respeto a las libertades individuales y colectivas. Esta consagra la libertad de religión, pensamiento, expresión, enseñanza, y de emprender y de desarrollar actividades económicas”. Esta se empalma con una sexta idea referida a la igualdad y no discriminación de género al garantizar los derechos de las mujeres, niñas, jóvenes y diversidades, de las actuales y futuras generaciones con la democracia paritaria, protección frente a la violencia de género, derecho a la identidad, a los derechos sexuales y reproductivos, interrupción voluntaria y protegida del embarazo; justicia con enfoque de género).


El Chile sustentable ocupa el séptimo lugar, al reconocer la crisis climática y proteja la naturaleza y el medioambiente, y por primera vez en la historia declara los derechos de la naturaleza y el deber de custodia del Estado sobre los bienes comunes naturales, incluyendo los animales como sujetos de especial protección y áreas protegidas. En esta dirección también, aparte del derecho a un ambiente sano, “el Estado deberá adoptar medidas para prevenir, adaptar y mitigar los riesgos provocados por la crisis climática y ecológica (responsabilidad y educación ambiental). Tendrá que promover el diálogo, cooperación y solidaridad entre países, con el objetivo de afrontar la crisis y proteger la naturaleza”. Un tema básico es el del agua como derecho humano (Estatuto constitucional de las aguas).”La Agencia Nacional de Aguas será la encargada de autorizar sus usos, que deben ser de carácter incomerciable, justificado y en base a la disponibilidad efectiva”.


Un octavo punto es la descentralización. Así, además de conservase el carácter único e indivisible del Estado de Chile, se reconocen territorios especiales y la organización en regiones y comunas autónomas, consagrando con ello que el poder político se distribuya a nivel territorial a través de instituciones y autoridades encargadas de los gobiernos comunales y regionales. En esto ha habido una cierta sabiduría al mantener y morigerar la tradición presidencial con la descentralización. No habrá desarrollo posible sin eso. Termina con los quórums excesivos, institucionaliza el diálogo centro-regiones, etc. No hay afectación real ni del derecho de propiedad ni del estatuto de la minería.


La nueva Constitución mira al futuro, en noveno lugar, al reconocer los avances que traen una ciencia y tecnología inclusiva y armónica con el medioambiente. Así se plantea la participación ciudadana y educación digital; acceso a medios digitales; derecho a la protección de datos personales; acceso a servicios básicos de comunicación; la bioética y la innovación del Estado, entre otros.


Por último habla de una economía responsable. La propuesta establece principios, objetivos y regulaciones bajo los cuales el Estado participará de la economía dejando atrás el concepto neoliberal del Estado subsidiario y facilitará la solidaridad interregional. El Estado tiene un dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas y otros recursos. Fomenta la agricultura campesina e indígena, y potencia los mercados locales, Asimismo, aborda aspectos de la recaudación fiscal. En el texto se consagran principios como: responsabilidad fiscal, equidad territorial y el desarrollo armónico con la naturaleza. Asumirá un rol más activo, además de regular, fiscalizar, fomentar y desarrollar actividades económicas. En este pilar e define el rol autónomo del Banco Central y los derechos de los consumidores. No excluye a los privados; solo que exige un estándar más alto para todos.


Termino citando un artículo de Claudio Pereda: ‘“No es un país, Chile es un fundo” canta Jorge González en su mordaz tema “Allende vive” de su disco “Mi destino” del año 1999. El trabajo de la Convención y la reacción de la fronda aristocrática dan cuenta de que eso no es sólo un sarcasmo. Ha sido y es una realidad que puede cambiar. Todo depende del voto de la gente en las urnas”’. El cambio será más rápido o más lento, pero lo claro es que ya no hay vuelta atrás y tras el simbólico y potente acto de cierre la política entró a un segundo tiempo.


*Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden-Holanda, Magister en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, e investigador y profesor del Programa de Política Global e Innovación de la Universidad SEK-Chile.

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