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Columna de José Miguel Ahumada: Oligarquía

¿Cómo la élite no ve que su frecuente forma de proceder mina su legitimidad ante la ciudadanía? ¿cómo no observar que aquello también atenta contra la confianza en la república? Sorprendentemente, los grandes gremios solo han atinado a responder con breves declaraciones, mientras cierran la puerta a un pacto tributario y rechazan la Ley de delitos económicos.



Ser élite empresarial es una tarea compleja. Y lo es porque implica una capacidad particular para proponer nuevos productos, tecnologías y descubrir nuevos mercados. Estas habilidades particulares son las que, según Joseph Schumpeter, hacían que la economía progresara tecnológicamente. Y aquello no es poco. En efecto, cuando J.M. Keynes se preguntaba por qué la gente permitía que una élite privada controlara los principales resortes de una economía, la única respuesta que se daba era porque esa élite podía garantizar un crecimiento sostenido.


Sin embargo, en nuestra élite privada nacional vemos poco de ese ‘ánimo emprendedor’. En 2020, la inversión en I+D fue apenas un 0.34% del PIB nacional, porcentaje casi idéntico a al alcanzado en 2007. De este gasto en I+D, únicamente un tercio es financiado por la empresa privada (pese a que su ejecución llega al 40% del total). En términos de solicitud de patentes (un indicador común para medir ‘espíritu empresarial’), solo el 12% viene de nacionales, mientras que las exportaciones de manufacturas con contenido tecnológico representan menos del 10% de las exportaciones totales (cifra que no ha variado desde 1962). Esta realidad es completamente desalentadora cuando comparamos cómo estaban respeto a esos indicadores países hoy desarrollados cuando tenían un PIB per cápita similar al nuestro.


Por el contrario, lo que vemos en nuestra élite privada es un conjunto de acciones propias de, como definió el politólogo Jeffrey Winter, una oligarquía que invierte en proteger sus nichos de ganancia contra, principalmente, las regulaciones de la república. Luis Hermosilla refleja prístinamente esa capa de abogados del sector oriente que sirven de muralla de contención de empresas ante las regulaciones públicas, a través del –aparente– pago de coimas a funcionarios del SII y la CMF. Junto a esto, hemos observado que 55 empresarios innovaron en crear una verdadera máquina para defraudar al fisco, vía la producción en masa de más de 100.000 facturas ideológicamente falsas, que implicó expropiarle a la república $240 mil millones de pesos. Estos eventos recientes de vinculan directamente con el caso de financiamiento ilegal a la política por parte de SQM, el caso Corpesca y, anteriormente, los casos de colusión empresarial.


¿Cómo la élite no ve que su frecuente forma de proceder mina su legitimidad ante la ciudadanía? ¿cómo no observar que aquello también atenta contra la confianza en la república? Sorprendentemente, los grandes gremios solo han atinado a responder con breves declaraciones, mientras cierran la puerta a un pacto tributario y rechazan la Ley de delitos económicos.


Esa ceguera es, qué duda cabe, una de las causas profundas de la actual fractura entre ciudadanía y la república. Y es hora de que haya responsables.

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