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Constitución democrática, derechos garantizados y Estado activo. Por Roberto Pizarro Hofer

Al fin el pueblo llano ha reemplazado a la élite. Este es un cambio de envergadura para nuestra sociedad. Es lo que permitirá desarmar la muralla que ha dividido a la familia chilena entre una minoría que se ha adueñado del poder político y la riqueza y una inmensa mayoría sin acceso a las decisiones fundamentales.


La Convención Constitucional ha cumplido su tarea. Abrió las puertas de la democracia, permitiendo que mujeres y hombres en paridad, pueblos originarios, jóvenes, representantes de las regiones y quienes nunca habían participado en las decisiones del país, pudieran deliberar en los salones del Congreso, para escribir la Carta Fundamental que regirá los destinos de Chile en las próximas décadas.


Al fin el pueblo llano ha reemplazado a la élite. Este es un cambio de envergadura para nuestra sociedad. Es lo que permitirá desarmar la muralla que ha dividido a la familia chilena entre una minoría que se ha adueñado del poder político y la riqueza y una inmensa mayoría sin acceso a las decisiones fundamentales y con el agobio cotidiano de bajos salarios, educación inservible, filas en los hospitales, un sistema previsional para beneficio de los negocios y que no cuenta con agua para sus necesidades básicas.


La nueva Constitución ofrece respuestas sustantivas a las demandas, que se hicieron presente en las protestas del 18-O. El Estado Social y Democrático de Derecho garantizará a la familia chilena y a los trabajadores la protección de sus derechos fundamentales y el término de las discriminaciones sociales.


Los constituyentes han generado condiciones para desarmar la muralla que divide a los chilenos, con normas que favorecen la integración social. Se terminará así con el destino incierto de los jóvenes que no estudian ni trabajan o de aquellos que estudian en colegios inservibles. Ello ayudará a cerrar las puertas de la delincuencia y drogadicción, que se extiende en las poblaciones marginales.


Por otra parte, la nueva Constitución anuncia el término del Estado subsidiario, y abre paso a un Estado activo en la economía. Es lo que permitirá disciplinar la colusión de los mercados, apoyar a los pequeños empresarios, promover mayor inversión en ciencia y tecnología y, también, instalar empresas públicas cuando sea necesario.


Una nueva economía es la que terminará con la sobreexplotación de los recursos naturales, favorecerá la diversificación productiva, para recuperar el crecimiento. Los constituyentes entendieron que sólo un Estado activo está en condiciones de potenciar nuevos sectores productivos, que agreguen valor a los bienes, para generar empleo de calidad. Esto no gusta a los rentistas ni a los depredadores.


La nueva Constitución dejará atrás la democracia a medias y el orden económico neoliberal, los que han servido para el enriquecimiento del 1% de los poderosos y el sufrimiento de la mayoría nacional. Es lo que hoy día le disgusta al gran empresariado, a la derecha y a ciertos políticos de la “centroizquierda”, convertidos en amarillos, que fueron capturados por el régimen de injusticias y, más grave aún, que se incorporaron a los directorios de los grupos económicos.


El “Partido del Orden”, preocupado por la pérdida de sus posiciones de poder, ha desplegado una campaña implacable en favor del Rechazo. Es un temor incontrolable a la pérdida de su control sobre la política y la economía. Los grupos económicos sienten dolor por la eventual pérdida de sus ganancias excesivas y a la clase política, de derecha y “centroizquierda”, le incomoda la paridad de derechos de la mujer, que los jóvenes y que los marginados de siempre asuman las riendas del país.


Es meritorio que los jóvenes hayan abierto el camino para la construcción de un país más justo y decente. Y a ese camino se plegaron las mujeres, medioambientalistas, los defensores de la regionalización, pobladores, indígenas y luchadores contra las AFP. Los constituyentes los han representado fielmente; pero los que promueven el Rechazo cuestionan lo que denominan defensa “identitaria”.


La nueva Constitución tiene un origen legítimo, que garantiza derechos sociales y un Estado Activo. Sus normas dan garantías al conjunto de la sociedad; sin embargo, efectivamente destacan y protegen a sectores que han sido históricamente marginados de la vida económica y política. Todos ellos, los “identitarios”, han sido los más firmes luchadores contra el régimen de injusticias y merecen ser parte activa de nuestra democracia.



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