Hoy, no sólo el gobierno está terminado. Toda la institucionalidad malignamente creada por la Constitución de 1980 para favorecer a los sectores oligárquicos del país y para mantener cautiva a la democracia y subordinada a los intereses de esa oligarquía, ha llegado a su fin. Por si alguien tenía aún alguna duda.
Ayer, con la decisión del Tribunal Constitucional de no aceptar a trámite el requerimiento del Presidente de la República de declarar inconstitucional la Ley del Tercer Retiro de los Fondos de Pensiones aprobada por el Congreso, estamos asistiendo al derrumbe definitivo de todo el entramado institucional creado por la Constitución pinochetista de 1980. Se cierra con esto un ciclo, iniciado con el estallido social de 2019 y agudizado por la crisis sanitario-económica del Covid-19, que en sus características y consecuencias ha potenciado las profundas desigualdades, injusticias y abusos que las chilenas y chilenos denunciaron desde entonces.
A 48 horas de producido el estallido social en octubre de 2019 y cuando el gobierno se aprestaba a iniciar su guerra contra las chilenas y chilenos legítimamente movilizados, sacando a los militares a la calle, le escribí un mensaje WhatsApp al entonces senador Andrés Allamand, llamando a que no hicieran tal y que abrieran paso a las demandas de la gente. Le indiqué que ellos tenían la gran oportunidad de cerrar el ciclo histórico del pinochetismo y abrir paso a la instauración de una democracia plena en el país, que era en definitiva lo que la gente estaba reclamando. Era incluso una oportunidad para que la propia derecha cerrara un ciclo, después de haber apoyado con tanto entusiasmo a la dictadura. Le dije: “si las cosas siguen así, el gobierno, aunque usando las herramientas legales a su disposición, va a terminar en una especie de dictadura legal y los próximos dos y medio años serán infernales. Esto no puede ser. Ni por ustedes ni, sobre todo, por Chile”. Después de proponerles un camino, cerré mi mensaje del 20 de octubre diciéndole: “Reflexionen profundamente, dejen orgullos estúpidos y falsos sentidos de autoridad a un lado. Es nuestra sufrida democracia la que está en juego y está en las manos de Piñera y su gobierno salvarla sin matar más chilenos.”
En mensajes sucesivos en las 48 horas siguientes lo conminé a que sacaran los militares de las calles y que se dejaran de reprimir, que ese no era el camino, que tenían que levantar el estado de emergencia, que tenía que sacar a los ministros que con sus declaraciones se habían burlado de la gente y que le habían declarado la guerra a su propio pueblo. Y cerré ese mensaje diciéndole “Este no es el régimen de Pinochet.”
Allamand me respondió que “en la actual situación lo que propones podría traducirse en una tragedia!!”. Le respondí: “Lo que se va a transformar en tragedia en cualquier momento es la creciente ocupación militar de nuestras ciudades.” Y le propuse tres cosas concretas inmediatas: “decreto o ley de control de precios de los medicamentos, elevación sustantiva del salario mínimo (o por qué no ser pioneros mundiales y establecer un salario mínimo universal…) y una ley que establezca una contribución especial de las más altas rentas…para financiarlo todo...” Y terminé advirtiéndole que si no hacían algo en la dirección indicada “este gobierno habrá terminado, para todos los efectos prácticos”. Lamento, por la gente que tanto ha sufrido, que no hayan escuchado. Y lamento, por Chile, haber tenido la razón.
Hoy, no sólo el gobierno está terminado. Toda la institucionalidad malignamente creada por la Constitución de 1980 para favorecer a los sectores oligárquicos del país y para mantener cautiva a la democracia y subordinada a los intereses de esa oligarquía, ha llegado a su fin. Por si alguien tenía aún alguna duda. El gobierno sigue ejerciendo, obviamente, y las instituciones siguen trabajando diariamente, pero ya no funcionan, no tienen la legitimidad para hacerlo. Y cuando ayer el Tribunal Constitucional ha tomado la decisión política, no jurídica, que tomó, no sólo ha contribuido al desfonde definitivo de Piñera y su gobierno, sino que ha terminado también por ponerse la lápida encima, terminando con la ficción. Como de alguna manera lo hicieron los tribunales cuando, con ocasión de la escandalosa colusión de los grandes grupos económicos, un juez de la República mandó a los responsables a tomar lecciones de ética. Una burla que permanecerá en los anales de la historia no muy gloriosa de nuestros tribunales, si recordamos, de paso, su obsecuencia con la dictadura en aquellos años aciagos, cuando tanto los necesitamos, y no los tuvimos, salvo aisladas y honrosísimas excepciones.
Chile está cerrando un ciclo de su historia. Las profundas crisis que vivimos en las diferentes esferas de la vida nacional exigen un liderazgo político no sólo responsable sino, sobre todo, que comprenda profundamente el cambio producido entre las chilenas y chilenos y que acoja sus demandas de manera profunda, honesta y comprometida. Este gobierno debe terminar ya, y dar paso a un gobierno de transición de unidad nacional, que cree el contexto de paz social y respeto mutuo que se necesita para que trabajemos en la construcción de una Nueva Constitución que nos lleve, a todos, a una democracia más profunda, verdadera y legítima, y que abra a Chile nuevos horizontes de prosperidad y justicia, esta vez, eso sí, auténticamente para todos y no sólo para unos pocos.