Tanto miembros de la disidencia PS como ex integrantes del partido, agrupados en la Plataforma Socialista, salieron a rebatir la afirmación del senador en la que sostuvo, a raíz de la evasión masiva en el Metro, que es “partidario de reprimir con energía el intento por saltarse los torniquetes para no pagar”. “Más que reprimir, lo que tiene que hacer el gobierno es acoger el llamado del sindicato de trabajadores de metro y abrir un espacio de dialogo, y también rebajar de inmediato la tarifa para recuperar la tranquilidad”, señalaron desde la nueva plataforma.
“Yo no estoy de acuerdo con eso (la evasión), creo que hay que buscar formas de sancionar. El metro es un bien público, todos tienen derecho a él. Podríamos examinar por qué cuesta tan caro, pero no podemos justificar una cosa que es un delito sobre la base de la desobediencia. Yo, como ministro del Interior, tendria mucha más vigilancia en el metro para la gente que está haciendo esto (…) Yo soy partidario de reprimir con energía el intento por saltarse los torniquetes para no pagar”.
Con esas palabras el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, encendió los ánimos esta mañana en una entrevista para radio Duna. El ex Secretario General de la OEA se manifestó a favor de aplicar mano dura para quienes decidan protestar en contra del alza del metro a través de la evasión. Sus declaraciones fueron rebatidas tanto por miembros como ex miembros de su partido.
El diputado Juan Luis Castro declaró que la situación no debe ser manejada con más represión, sino que debe analizarse desde su profundidad: “No se trata de más Carabineros ni más violencia en el metro. No, aquí se trata de detectar por qué el estado de indigación ciudadana ha llegado a tal punto de que se producen estos desbordes en plena vía pública. Estamos frente a una crisis y espero que las fuerzas progresistas vayamos al fondo del asunto”.
La calificación de “delito” que imputa Insulza, también es rebatida desde quienes se oponen a sus declaraciones. Así lo comenta Genaro Cuadros, arquitecto, urbanista y miembro de Plataforma Socialista, quien sostiene que “hay que recordar que esto no convierte a nadie en delincuente. No pagar o evadir es una falta, no un delito y, desde ese punto de vista, no estamos frente a delincuentes, sino a una demanda social que está ocupando el metro para manifestarse y reclamar respecto de la situación en la que se encuentran las familias que destinan un porcentaje significativo de sus ingresos en transporte. Es una demanda razonable. Al gobierno le corresponde atender las razones de fondo detrás de esta situación”.
El recién renunciado al PS, Fernando Atria, califica el problema como algo político: “las cosas están ordenadas de modo tal que las personas comunes y corrientes pagan, reciben unos sueldos muy bajos y todo eso redunda en utilidades exageradas para quienes se aprovechan de eso. Eso es lo que está detrás. Esto es un problema político, no es algo que se soluciona con ‘represión enérgica’ o calificándolo de ‘hordas de delincuentes’”. Visión que coincide con la del diputado Marcelo Díaz, también miembro de la plataforma: “más que reprimir, lo que tiene que hacer el gobierno es acoger el llamado del sindicato de trabajadores de metro, abrir un espacio de dialogo, y también rebajar de inmediato la tarifa para recuperar la tranquilidad, pero sobre todo para volver accesible para la ciudadanía un bien tan esencial como el transporte público”
Finalmente, la dirigenta estudiantil Paula Astudillo, presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho en la Universidad de Chile, sostuvo que “nuevamente las y los secundarios, con su creatividad y fortaleza, son capaces de poner un tema que afecta a todo el país en la agenda e interpelar al gobierno. Aprovechemos la fuerza de la organización estudiantil y volvamos a levantar la organización social. La respuesta del gobierno es vergonzosa y carece de moral: el mismo Presidente es evasor”.