Los recientes acontecimientos que hemos conocido por distintos medios y que han sacudido al CPLT, dañan uno de sus bienes institucionales más preciados para poder cumplir eficazmente con su mandato de amparar a los ciudadanos en la defensa de su derecho de acceso a la información. Estos hechos dañan la autonomía y la credibilidad institucional, que le debería conferir la legitimidad frente a los ciudadanos para ampararlos de potenciales abusos de poder por parte de agentes del Estado, vigilando, denunciando y confrontando técnicamente su actuar y decisiones.
Por todos es sabido que las bajísimas cuotas de confianza que muestran los ciudadanos frente a las instituciones y la extendida percepción de trato desigual que expresan los ciudadanos, es un fenómeno de larga data en nuestro país. Ya el 2004, por ejemplo, el PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano "El poder: ¿para qué y para quién?", advertía que el modo en que los ciudadanos se relacionaban con la autoridad estaba marcado por las sensaciones de rabia o de percepción de que este se instalaba como obstáculo a su propio desarrollo biográfico (imaginarios del poder). Pero también el 2017, en el Informe Desiguales se mostraba con evidencia abrumadora la sensación de desigualdad en el trato recibido frente a las instituciones, agudizada según el origen social o territorial.
De más está decirlo a estas alturas, sobre todo después del 18 de octubre de 2019: las autoridades han sido poco atentas a estas señales y cuando se han interesado en cambiar la situación, no lo han hecho dado su profundo significado, sino recurriendo sólo a soluciones parche o, han terminado traicionando la promesa de mayor igualdad por inconsistencia o por la reiteración de conductas atávicas a como se reproduce el poder en Chile.
En esta clave de interpretación podría ser explicado el caso de lo que está sucediendo hoy al Consejo para la Transparencia (CPLT).
La pesada realidad nos muestra que las instituciones por sí mismas no bastan para asegurar promesas, pero también muestra que sí tienen mucha influencia sobre como se pueden comportar las personas en su interior. El CPLT no logró sobreponerse al ensimismamiento que surge de la necesaria especialización de las funciones propias de una institución compleja. Sin embargo, la única fórmula para ponerle trabas a que ello vuelva a suceder, es seguir atentos y permeables a las percepciones cotidianas de la mirada ciudadana. El desafío institucional de perfeccionamiento está, entonces, en crear dispositivos de gestión que obliguen a las instituciones a disponer de herramientas más densas y proactivas en la presencia de los ciudadanos en sus funciones.
Sobre esta brecha constatada una y mil veces en las percepciones cotidianas de los habitantes de nuestro país y también en estudios, es que la elite de gestores y representantes en algunas ocasiones se dieron a la labor de crear instituciones que pretendían acortar dicha brecha. Para ello, estas organizaciones debían adoptar una mirada ciudadana en sus objetivos y en su gestión e incorporar una forma de hacer las cosas, que tuviese como misión fundamental "ponerse en los zapatos" de los ciudadanos y protegerlos de los posibles abusos del poder.
Es lo que Pierre Rosanvallon llamó el diseño de instituciones de contra-democracia. En su libro homónimo "La contra-democracia. La política en la época de la desconfianza" (2006), destinado a indagar sobre los efectos que tienen en la democracia y sus instituciones las dinámicas sociales propias de la desconfianza que vivimos, el autor francés señala que frente a las dificultades de credibilidad que marcan la época actual, se ha conformado un tipo especial de instituciones que intentan ser un puente entre los ciudadanos y las autoridades. Dicho puente se ancla en la capacidad de dichas instituciones de nuevo tipo por mostrar en su actuar y en el comportamiento de sus dirigentes, que son capaces de recoger y accionar el sentido ciudadano, de transformarlo en mandato y acciones concretas.
Para ello, se requiere de una serie de condiciones como, por ejemplo, la capacidad de vigilar a las autoridades en el cumplimiento de sus mandatos, ser capaces de denunciar públicamente malas prácticas de los dirigentes o, confrontar técnicamente las decisiones de las autoridades. Algo de este espíritu se ha ensayado con el SERNAC, intentando dotarlo de facultades para defender a los ciudadanos frente a potenciales abusos de sus derechos como consumidores (intento varias veces derrotado por el Tribunal Constitucional), pero también este espíritu estuvo en el diseño institucional al origen del CPLT.
Los recientes acontecimientos que hemos conocido por distintos medios y que han sacudido al CPLT, dañan uno de sus bienes institucionales más preciados para poder cumplir eficazmente con su mandato de amparar a los ciudadanos en la defensa de su derecho de acceso a la información. Estos hechos dañan la autonomía y la credibilidad institucional, que le debería conferir la legitimidad frente a los ciudadanos para ampararlos de potenciales abusos de poder por parte de agentes del Estado, vigilando, denunciando y confrontando técnicamente su actuar y decisiones.
En su diseño de origen, el CPLT tiene la misión de amparar a los ciudadanos en su derecho de acceder a la información que está en el Estado y que le pertenece, porque ha sido generada con recursos públicos. Vale decir, el CPLT surge para plantarse frente al Estado poniéndose en el lugar del ciudadano que siente pasado a llevar un derecho. Surge, para decirlo en la clave de Rosanvallon, para encarnar un nuevo tipo de institución de control ciudadano sobre las funciones de la gestión pública, percibida como un agravio por los ciudadanos.
¿Qué sucede con este diseño institucional, que se estructura como promesa frente a la ciudadanía, cuando se instalan sospechas de que autoridades del CPLT o algunos de sus altos funcionarios mantienen grados de connivencia con autoridades del Estado, que se supone deben vigilar e incluso sancionar si comenten faltas? ¿Qué sucede con el mandato de reconstruir confianzas entre las instituciones democráticas y los ciudadanos cuando autoridades encargadas de ello pasan a funciones privadas que gestionan intereses que intentan poner límites a las funciones propias de la institución pública que se abandona?
La pesada realidad nos muestra que las instituciones por sí mismas no bastan para asegurar promesas, pero también muestra que sí tienen mucha influencia sobre como se pueden comportar las personas en su interior. El CPLT no logró sobreponerse al ensimismamiento que surge de la necesaria especialización de las funciones propias de una institución compleja. Sin embargo, la única fórmula para ponerle trabas a que ello vuelva a suceder, es seguir atentos y permeables a las percepciones cotidianas de la mirada ciudadana. El desafío institucional de perfeccionamiento está, entonces, en crear dispositivos de gestión que obliguen a las instituciones a disponer de herramientas más densas y proactivas en la presencia de los ciudadanos en sus funciones.
Para el caso del CPLT, esto implicaba solamente ser coherente con los propios principios de la transparencia que resguarda, entendidos en su dimensión más profunda de fortalecer la capacidad/oportunidad de los ciudadanos de ser parte activa de la gestión de las políticas públicas. ¿Qué fases de la política pública de acceso a la información deben estar disponibles al ingreso y participación de los ciudadanos? Es sabido que el CPLT implementó procesos de fiscalización innovadores, incorporando la mirada ciudadana en la medición del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los funcionarios públicos. Es hora de que dicho principio se lo aplique a si mismo, sin contemplación alguna si no quiere seguir perdiendo su legitimidad frente a la ciudadanía.
En el corto plazo, viene un proceso de renovación de las autoridades máximas del CPLT. El procedimiento actual es cerrado y ha quedado atrapado en las lógicas propias de instituciones desgastadas por el binominalismo y las conversaciones autoreferidas entre la elite parlamentaria y del Poder Ejecutivo. Lo anterior restringe las posibilidades de que liderazgos nuevos, renovados y con gran experiencia en el trabajo de fortalecimiento de derechos lleguen, incluso, a ser posibles nominados como alternativa viable. Sin decir nada sobre la posibilidad de ser electos si no cuentan con la confianza del Presidente de la República y los senadores en ejercicio. Se debe avanzar en abrir estos procesos a la ciudadanía y que se transparente el proceso, para que ciudadanos capaces y de conocido prestigio en estos temas, puedan hacer más vivaz la política pública de acceso a la información.
En el mediano plazo, existen dos desafíos que si se hacen a espaldas a la ciudadanía no cubrirán las expectativas del nuevo ciclo político que se abre con el plebiscito del próximo 25 de octubre. Es necesario extender la aplicación de la Ley de Transparencia a todos los poderes del Estado y que tanto del Parlamento como el Poder Judicial, sean regulados por un órgano autónomo como el CPLT. Si ello implica cambiar el estatus jurídico del CPLT se debería realizar, pero incorporándole mayores exigencias de autonomía y legitimidad.
Por otra parte, ha habido un extendido debate legislativo sobre la Ley de Protección de Datos Personales. Ya son demasiados años sin legislar mientras las empresas trafican con los datos de los ciudadanos sin ningún control eficaz. Esta ley representa la oportunidad del CPLT de sintonizar con demandas ciudadanas de una actualidad innegable.
En estos principios y acciones se juega el futuro del CPLT y el de un tipo de institución que estaba destinada a ser puente legítimo entre la ciudadanía y las autoridades. Ello requiere de voluntad política, de difícil existencia en una elite cerrada sobre sí misma y sobre todo, de la capacidad de acción de las organizaciones y ciudadanos interesados en defender sus derechos. Como lo hemos visto en los últimos meses, la ciudadanía movilizada ha mostrado su capacidad de cambiar agendas institucionales.