Estos préstamos, tan fáciles de contratar pero tan difíciles de entender y de pagar, ocultan que la mayoría de los estudiantes no podrán devolver esos préstamos sin enormes dificultades de mediano y largo plazo.
Por Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
La universidad ha sido la puerta de entrada a la clase media. Por eso la ciudadanía ha aceptado pagar por ella recurriendo a sus salarios, ahorros y créditos. Sin embargo, esta situación ha llegado este año a su límite. Incluso, antes de que estallara la pandemia, el sistema universitario había entrado en una dinámica muy compleja, ya que los últimos años se han incrementado significativamente sus costos fijos, entre otros factores, por la entrada en vigor de las regulaciones de la Superintendencia de Educación Superior, por los nuevos estándares de acreditación en la CNA, y por los efectos no planificados de la implementación de la gratuidad.
“(…) antes de que estallara la pandemia, el sistema universitario había entrado en una dinámica muy compleja, ya que los últimos años se han incrementado significativamente sus costos fijos”.
La crisis del Coronavirus simplemente ha acelerado este proceso, llevándolo a un límite. Es importante advertir que esta situación no sólo afecta a Chile. En el contexto de la crisis del COVID, se trata ahora de una crisis global. Las universidades norteamericanas ya hablan de cientos de miles de millones en pérdidas para la operación 2020-21. Sólo las universidades del Estado de California prevén un déficit de más de 337 millones. La Universidad de Michigan calcula su déficit en casi mil millones de dólares. En nuestro país la situación no debería ser muy diferente.
Y si las universidades están en dificultades, quienes estudian en ellas lo están pasando aún peor. El modelo de financiamiento ya golpeaba a los estudiantes y a sus familias mucho antes del Covid-19. Para la mayoría era imposible ahorrar lo suficiente, por lo que contratar un préstamo, bajo la forma del CAE, ha sido su única alternativa, antes de la implementación de la gratuidad. Pero incluso acceder a ese mecanismo no les exime de tener que trabajar para estudiar. He tenido en clase a chicas y chicos que se duermen después de haber estado en un turno de noche, en un trabajo con el sueldo mínimo. No es extraño encontrar estudiantes que, aunque trabajen, no logran pagar su transporte o tienen literalmente hambre al final de la jornada.
En esa lógica las universidades se han convertido en organismos de atención primaria y asistencia social, sin que ese sea su rol. Al tener que distribuir bolsas de acceso a internet para permitir la educación a distancia no sólo nos dimos cuenta de cuántos estudiantes no tenían tecnología suficiente. También nos percatamos que muchos no tienen espacio para estudiar, y en algunos casos, que simplemente no tenían casa. En un año normal las universidades no logran atender suficientemente los problemas de inseguridad alimentaria, atención médica y psiquiátrica de sus estudiantes. Ahora, en este contexto, se trata de un desafío simplemente imposible.
Hasta ahora la única respuesta del gobierno ha sido implementar una nueva convocatoria a un proceso “excepcional” de postulación al crédito para la educación superior con aval del Estado (CAE). Estos préstamos, tan fáciles de contratar pero tan difíciles de entender y de pagar, ocultan que la mayoría de los estudiantes no podrán devolver esos préstamos sin enormes dificultades de mediano y largo plazo. Es posible imaginar a una familia sacando las cuentas para decidir si lo solicita, mientras sufre los efectos de la peor crisis económica desde la recesión de 1982. Bajo esta lógica, se puede anticipar una mayor elitización de las universidades. Ya en la actualidad casi la mitad de las vacantes del sistema sólo son asequibles para familias ubicadas en el 9º y 10º decil. Por eso no podemos abandonar el principio de la educación superior como un bien público.
“En un año normal las universidades no logran atender suficientemente los problemas de inseguridad alimentaria, atención médica y psiquiátrica de sus estudiantes. Ahora, en este contexto, se trata de un desafío simplemente imposible”.
La alternativa es clara. Hay que financiar las universidades mediante impuestos, incrementando la gratuidad, y complementándola con créditos no bancarios, pensados bajo nuevos criterios. Recordemos que en 2014, Alemania no sólo abolió los aranceles para sus estudiantes nacionales, sino para todos los estudiantes de la Unión Europea que estudien en sus instituciones. Esta decisión la han seguido Irlanda, Francia, Noruega, Suecia y Dinamarca. También se han implementado sistemas de créditos estudiantiles, pero a tasas bajísimas, como en Suecia, donde se aplica una tasa de sólo 0,13%. A la vez se garantizan préstamos a muy bajo interés que permiten a los estudiantes cubrir sus gastos básicos de subsistencia. En otros casos, como Australia, la devolución del crédito universitario se hace sobre la base de un porcentaje regulado de los ingresos, y una vez que se alcanza un umbral salarial digno.
“Hay que financiar las universidades mediante impuestos, incrementando la gratuidad, y complementándola con créditos no bancarios, pensados bajo nuevos criterios”.
Quienes dirigimos las universidades tenemos el deber de controlar toda forma de despilfarro, gastos suntuarios, y abolir la hipertrofia administrativa. Pero lo que no podemos hacer es reequilibrar los presupuestos a costa de dañar la estructura misma de los procesos formativos. Necesitamos un Plan Integral para la Educación Superior, apoyado por dinero proveniente de impuestos progresivos, que permita acabar con los créditos asfixiantes que tienen que soportar las familias chilenas.