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La nueva Constitución podrá terminar con el trabajo informal, por Roberto Pizarro Hofer

Terminar con la informalidad que recorre las grandes ciudades obliga a una concepción del desarrollo superadora de la matriz productiva de recursos naturales. Es preciso industrializar el país, lo que no puede hacer con Estado subsidiario, contenido en la Constitución de 1980. Se necesita de un Estado activo, promotor y regulador de la actividad económica. Es lo que se está proponiendo en la nueva Constitución.


La Plaza de Maipú, calle Puente y el Barrio Meiggs en Santiago se han convertido en centros que acumulan un incontrolable trabajo informal. El fenómeno está en la noticia cotidiana, porque genera fuertes disputas con el comercio formal, pero también porque revela vínculos con la delincuencia, que afectan la tranquilidad de los espacios públicos.


Este no es, sin embargo, un hecho localizado en el Gran Santiago y tampoco de carácter puntual. Se ha extendido por todas las grandes ciudades y tiene un origen estructural. Se podrá ordenar algo con la represión policial, pero no se resolverá porque la informalidad tiene su origen en una estructura productiva, propia al modelo neoliberal y que, además, se consolida con una apertura económica indiscriminada al mundo.


La tercera parte de la ocupación en Chile corresponde a trabajos informales y gran parte de ella se encuentra ligada al comercio callejero. Es que la matriz productiva chilena, fundada en la explotación y exportación de recursos naturales no genera suficiente trabajo y el que ofrece es, en general, de carácter calificado. A ello se agrega un vigoroso crecimiento del sector financiero, que demanda trabajadores con buena educación. Con esos dos ejes principales de la economía chilena, el futuro es oscuro tanto para formalizar el trabajo como para que el mejoramiento, tan esperado de la educación, tenga expresión en mejores trabajos para la juventud.


La solución la informalidad es difícil. Muy difícil, si no se modifica el modelo económico. Porque las fuerzas automáticas del mercado, con un Estado inactivo, subsidiario, conducen de forma natural al empresariado a concentrase en aquellos sectores de mayor facilidad de operación y de alta rentabilidad inmediata: cobre, madera, pesca y algo de agricultura. Estas actividades se combinan con el sector financiero y por ello los grandes grupos económicos aparecen controlando explotación de recursos naturales junto a bancos y, en algunos casos, también grandes cadenas comerciales.


Aunque la Constitución de 1980 ha sido explícita en señalar la “neutralidad” del Estado y el predominio del mercado en el despliegue de las actividades de las actividades económicas, en la práctica el Estado ha sido generoso con los productores de recursos naturales. En efecto, entregó subsidios para fomentar la plantación de árboles, favoreciendo a las grandes empresas madereras; no aplicó royalty a la explotación cuprífera (sólo en 2005 se implementó un modesto impuesto adicional a sus ganancias, no un royalty); y quizás lo más grave ha sido la generosa concesión pesquera a las siete grandes familias que extraen recursos del mar, la que además fue formalizada en la corrupta la Ley Longueira.


La concesión generosa de los recursos naturales acelera su extracción, restando atractivo a otras actividades. Además, compromete a las generaciones futuras, al afectar seriamente el medioambiente que, en nuestro país, ha tenido impactos negativos en el mundo indígena y en agricultores modestos.


En esas condiciones, y junto a una apertura indiscriminada de nuestra economía al mundo, la industria chilena está prácticamente terminada. Del 25% que representaba en los años 70 se ha reducido a cifras inferiores al 10%. Y sin industrialización no mejora la productividad, no hay esfuerzos de inversión en ciencia y tecnología, y crece el trabajo precario. Como lo destacaron, hace años atrás, teóricos de la envergadura de Leontief, Hirschman y Prebisch: sin industria no hay desarrollo.


Más recientemente, el énfasis en la industrialización lo ha colocado el profesor de la Universidad de Cambridge Ha-Joon Chang. Él señala, sin eufemismos, que el desarrollo económico se logra sólo cuando aumentan las habilidades productivas de las personas: cuando mejora su capacidad de organizarse en emprendimientos innovadores y se logra transformar el sistema productivo. Y la base productiva para el desarrollo es impulsar el sector manufacturero de la economía. Según Chang, la evidencia internacional muestra que la mayoría de los países mejoran sus habilidades a través de la industrialización y, especialmente, a través del desarrollo del sector manufacturero, el verdadero centro de “aprendizaje del capitalismo”.


La matriz productiva de nuestro país, y en general el modelo neoliberal, con escasa diversificación industrial, genera limitada creación de trabajo. Es obvio entonces que, dada una abundante fuerza de trabajo poco calificada, con una escasa industrialización, el destino inevitable es la multiplicación de la informalidad.


En consecuencia, es indispensable educar a su población, fomentar el aprendizaje, pero al mismo tiempo impulsar la industrialización. Pero se precisa combinar adecuadamente la calificación técnica y profesional de los recursos humanos con la diversificación industrial. En efecto, la educación es una condición indispensable del desarrollo económico, pero no es suficiente. Un país que no se industrializa no crea las condiciones para demandar la inteligencia que potencia una educación de calidad. Y sin industria ella se perderá. La inteligencia es indispensable para diversificar la estructura económica de un país, pero también para crear tecnología y para importarla, adaptándola a las condiciones nacionales.


Por otra parte, para avanzar en la construcción industrial es preciso regular rigurosamente la apertura al mundo, sobre todo cuando se cuenta con ventajas comparativas estáticas basadas en recursos naturales. Porque la globalización ha producido una diferencia significativa en el nivel de industrialización de los países desarrollados y subdesarrollados. Y ello genera una especialización inevitable en actividades de escasa integración tecnológica. Es el caso de Chile.


Esto no significa cerrar la economía, sino aprovecharla para diversificar productos industriales, de mayor sofisticación. Ello exige proteger sectores industriales, con potencial de crecimiento y obliga a implementar políticas económicas, que en vez de fomentar la explotación de recursos naturales promuevan actividades industriales.


En suma, terminar con la informalidad que recorre las grandes ciudades obliga a una concepción del desarrollo superadora de la matriz productiva de recursos naturales. Es preciso industrializar el país, lo que no puede hacer el mercado autorregulado, con Estado subsidiario, contenido en la Constitución de 1980. Se necesita de un Estado activo, promotor y regulador de la actividad económica. Es lo que precisamente se está proponiendo en la nueva Constitución.

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