Columna de Jorge Arrate publicada en El Siglo
Los diecinueve años del siglo XXI han sido pródigos en acontecimientos que parecieran anunciar un tiempo de reconstrucción nacional, más lento de lo que quisiera nuestra justa impaciencia pero más sólido que los augurios de todos los profetas del oasis chileno. Los pingüinos del 2006, las demandas estudiantiles, educacionales, medioambientales, de género, que condujeron a las grandes movilizaciones del 2011, la impactante emergencia feminista de los últimos años, movimientos como el NO+AFP o aquellos que luchan por la defensa del agua como bien público o por el derecho a la vivienda, han sido acumulaciones que hoy estallaron de nuevo en el octubre de 2019. Alguien ha dicho que surge un “nuevo pueblo”, distinto al que protagonizó las épicas batallas del siglo XX, más heterogéneo, expresión de los profundos cambios de nuestra estructura social y productiva.
Es emocionante escuchar de nuevo esa palabra: pueblo. Se ha reinstalado, siempre asociada a las ideas de fuerza de clase, de pobreza, de exclusión social, de indignación y de inagotables esperanzas de una sociedad justa que ofrezca a sus ciudadanos una vida material y espiritual más plena.
Ya muy pocos ponen en cuestión la legitimidad de las demandas de género, que trasmiten tremenda potencia a las luchas por más libertad e igualdad social. La idea de la educación gratuita como derecho social ha prevalecido -gracias a los estudiantes y la juventud- y las pensiones equitativas y la provisión de salud de calidad como un deber del Estado son banderas principales en la lucha social y política. La sociedad está permeada por el concepto del agua como bien social y resurge con fuerza la idea de consagrar nuestra soberanía sobre las riquezas naturales del país. Ha crecido la comprensión y apoyo a la lucha mapuche por territorio y autonomía. La diversidad sexual es ya un hecho social innegable y legítimo.
Falta mucho, muchísimo. Pero el levantamiento ciudadano de octubre de 2019 expresa el anhelo de nuevos desarrollos. Desde ya, la reafirmación del valor de los derechos humanos y la necesidad de castigar a quienes los violan o autorizan o encubren esas violaciones con silencio. La concreción, como primer paso hacia reformas mayores, de avances sociales específicos y posibles que la ceguera y dogmatismo de la derecha han inviabilizado hasta ahora. En fin, la aprobación democrática, con amplia participación, de una nueva Constitución en que método de realización y contenido se conjuguen para darle indiscutible legitimidad.
La palabra anuncia estos cambios: pueblo, derechos humanos, desigualdades (la dolorosa realidad que han ocultado los poderosos), dignidad, impuesto a la riqueza, soberanía popular, potestad constituyente. Los tiempos mejores están por delante y los empuja una izquierda variada, histórica y emergente, toda ella luchadora y contemporánea.