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Proceso Constitucional: Empezó mal y terminó peor. Por Roberto Pizarro Hofer

Se retrocede en derechos de la mujer; se rechaza la posibilidad de mejorar la calidad de vida en los municipios más pobres cuando se les quita del fondo común municipal las contribuciones; se consolida la privatización de la salud, previsión y la educación. Se intenta cerrar puertas a que nuevas fuerzas políticas puedan entrar al Parlamento por la vía de colocar un piso inalcanzable para cualquier partido nuevo; y se deja fuera la paridad de salida tan necesaria para que las mujeres tengan igual participación y presencia en los órganos legislativos. La estructura completa del texto es regresiva y por tanto, la única posibilidad real de arreglar esto, es con una propuesta diametralmente diferente.



Empezamos mal

El resultado del plebiscito del 4 de septiembre, que rechazó por un 62% el texto constitucional original, se ha querido entender como un cuestionamiento al derecho del pueblo para participar en el nuevo proceso Constitucional. En consecuencia, el Poder Originario, que radica en el pueblo, ha sido reemplazado por el Parlamento, el que fijó límites (“bordes”) al nuevo proceso, eligió una Comisión Experta para que redactara un borrador de propuesta, acordó la existencia de un Comité Técnico de Admisibilidad -una suerte de instancia arbitral para supervisar se cumplan las bases constitucionales acordadas- y, finalmente, se acordó la elección ciudadana de 50 personas para formar un Consejo Constitucional, de la misma forma que los senadores.

Así las cosas, el nuevo proceso Constitucional se inicia con restricciones serias a la autoridad democrática del pueblo para redactar libremente el texto de la Nueva Constitución. El Poder Constituyente ha sido reemplazado por el Poder Constituido.

…Y terminamos peor

Después de algunos meses de trabajo el Consejo Constitucional elaboró un texto que modifica radicalmente la propuesta de los “expertos”. En efecto, las enmiendas del denominado Partido Republicano (PR), con el apoyo de Chile Vamos, representa un retroceso brutal en los avances civilizatorios que, luego de largas luchas, ha conseguido el pueblo chileno. Las enmiendas elaboradas no sólo se apartan de los límites (“bordes”) que fijó el Parlamento, sino también rechazan casi en su totalidad el texto redactado por la Comisión Experta.

En efecto, en el plano político institucional el PR propone reducir el número de parlamentarios desde 155 a 132 escaños, sin mayor fundamentación; se propone, además, la eliminación de la paridad de salida, junto a la supresión de la iniciativa popular para derogar leyes, la elevación del quorum a 2/3 para reformas constitucionales y la mantención del control preventivo del Tribunal Constitucional. Es la defensa del patriarcado y, al mismo tiempo, la instalación de una muralla contra los ciudadanos que desean defender sus derechos y proponer iniciativas de ley.

Además, los “republicanos” sostienen que la seguridad social debe garantizar la libertad de elegir el administrador, ya sea privado o público. Es una protección a las AFP; en salud, reponen la cláusula de libertad de elección para que la cotización obligatoria sea administrada por entidades privadas; y, rechazan el aborto en cualquier condición. En educación, explicitan que los padres sean los titulares del derecho a escoger la educación de sus hijos. A ello agregan que deben prohibirse las huelgas en los servicios educativos. Es el rechazo a un Estado Social de derechos y la continuidad de la ineficiente y corrupta subsidiaridad.

En el plano sindical proponen limitar el derecho a huelga y por cierto excluyen de ese derecho al sector público, tal como está presente en la Constitución vigente. Intenta con ello fortalecer aún más el poder empresarial y mantener a los trabajadores sin capacidad de negociación.

En el ámbito internacional, proponen que la Constitución se encuentre por sobre los tratados internacionales y, en consecuencia, no es posible delegar soberanía, lo que es propio a todo tratado. Esto vulnera gravemente el derecho internacional, especialmente en derechos humanos.

Además, los “republicanos” incorporan dos capítulos especiales, para ser incluidos en la Constitución. Uno, para las Fuerzas Armadas y otro sobre Seguridad. Aquí, se intenta independizar a las instituciones armadas del poder civil, cuestión inaceptable en un régimen democrático.

Finalmente, están las propuestas populistas, con las que buscan agradar a la opinión pública, las que, en realidad, son más bien materia de un programa de gobierno: la exención de contribuciones para la primera vivienda, la objeción de conciencia, el derecho a la vida y la expulsión de inmigrantes irregulares.

Luis Silva, líder de su grupo y numerario del Opus Dei, ya nos había advertido el camino intransigente que seguiría su partido político, en entrevista con el Diario Financiero, señaló lo siguiente: «…cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a acuerdos, ¿por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros…Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría». Bien partisano el señor, como se acostumbra a decir ahora. Y de transversalidad, nada.

Por cierto, las propuestas de “republicanos” son completamente inaceptables. Sin embargo, Chile Vamos ya ha respaldado gran parte de ellas, aunque sus miembros fueron parte de la redacción del texto de la Comisión de Expertos. Parece que en este terreno el pacto entre las dos derechas comienza a convertirse en realidad, bajo la hegemonía del PR. Políticos chilenos, de distintas orientaciones, suelen sostener que “Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”. Sin embargo, el Parlamento dio la espalda a ese apotegma cuando decidió marginar al pueblo para impulsar un proceso constituyente, controlado desde la elite política.

La propuesta Constitucional, que impulsa el PR, y que apoya Chile Vamos, es un retroceso económico, político, social y cultural de envergadura, que la izquierda, y sectores del centro democrático no pueden aceptar.

Fernando Atria ha sido claro en sostener que se trata de una Constitución que en realidad, lo que contiene es el programa del Partido Republicano porque: “Es una Constitución que disminuye la capacidad del sistema político de representar con una regla adecuada el número de diputados. Menciona las palabras “Estado social”, pero lo niega. Por lo demás, los republicanos siempre han dicho que no creen en él. Y eso se manifiesta en que esta propuesta niega los derechos sociales y los entiende como protecciones del mercado.” (EMOL, 06-10-20-23).

Nos encontramos entonces con un problema serio ya que el diseño completo es el que está malo y se encuentra muy lejos de las aspiraciones ciudadanas. Y, lo dice bien, Tomas Hirsch: “La estructura final que se presentó es una estructura que fortalece y profundiza el modelo neoliberal que ha imperado en nuestro país hace años, y que fortalece una concepción de sociedad que es conservadora” (El Siglo, 06-10-2023).

En efecto, se retrocede en derechos de la mujer; se rechaza la posibilidad de mejorar la calidad de vida en los municipios más pobres cuando se les quita del fondo común municipal las contribuciones; se consolida la privatización de la salud, previsión y la educación. Se intenta cerrar puertas a que nuevas fuerzas políticas puedan entrar al Parlamento por la vía de colocar un piso inalcanzable para cualquier partido nuevo; y se deja fuera la paridad de salida tan necesaria para que las mujeres tengan igual participación y presencia en los órganos legislativos.

La estructura completa del texto es regresiva y por tanto, la única posibilidad real de arreglar esto, es con una propuesta diametralmente diferente. Creo, sin embargo, que en el actual cuadro político, con hegemonía de los “republicanos” sobre Chile Vamos, no se ve posible una rectificación que acerque el documento al planteamiento original de la Comisión Experta.

En los meses que vienen la ciudadanía tendrá que ser debidamente informada respecto a que está en gestación una Constitución Pinochetista 2.0, que significará pérdida de derechos fundamentales del pueblo. Y, por tanto, no tendrá más alternativa que votar En Contra.


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