Por Ernesto Águila.
El postergado plebiscito constitucional a realizarse el próximo 25 de octubre (2020) es, sin duda, el hecho político más relevante del 90 a la fecha e incluso tiene un alcance histórico mayor. La posibilidad de abrir paso a la redacción de una nueva Constitución Política tiene un doble significado histórico: por una parte, permitiría desatar el principal nudo institucional que impide la expresión plena de la soberanía popular y, por otra, significaría en nuestra historia republicana la posibilidad de construir por primera vez un marco constitucional en democracia.
El retorno a la democracia en Chile tuvo una particularidad histórica que la hacía diferente a todos los otros procesos de transición con los cuales se la intentó erróneamente asimilar y comparar tanto en el Cono Sur (Argentina, Uruguay, Brasil entre otras) como del sur de Europa (España, Portugal, Grecia). En el caso chileno había tenido lugar una temprana refundación neoliberal y esta había sido constitucionalizada y, además, se había construido un entramado institucional que limitaba o neutralizaba la soberanía popular, a través de un conjunto de mecanismos e instituciones que desvirtuaban el principio democrático de las mayorías. Estos eran los llamados mecanismos contramayoritarios o enclaves autoritarios.
Así, Chile a la salida de la dictadura no desembocó en una democracia plena sino en una democracia semi soberana o protegida. Y lo que pareció que debía ser una situación transitoria derivó en permanente. De allí los intentos siempre fallidos de dar por terminada la transición en distintos momentos de nuestra historia post 90. La transición nunca terminó si el parámetro era una democracia en forma o si se quiere finalizó, pero su punto de llegada fue una institucionalidad democrática tramposa donde se neutralizaba la expresión plena de la soberanía popular.
Desde esta perspectiva el plebiscito del 25 de octubre abre la posibilidad de resolver la asignatura pendiente dejada hace 30 años y que con la mirada que hoy no puede sino ser considerada un caso de una transición fallida. Salimos de la dictadura, pero no arribamos a una democracia plena, sino que desembocamos a un tipo de democracia interdicta, donde la institucionalidad política estaba construida para coartar la expresión del voto y la voluntad popular.
En este sentido una nueva Constitución Política tiene como primer gran objetivo emancipar la soberanía popular. Ello no implica no plantearse una perspectiva más amplia y ambiciosa en torno a una nueva Constitución como consagrar una nueva forma de Estado que supere su actual forma subsidiaria, o un catalogo de derechos sociales, económicos y culturales garantizados, o una afirmación de la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales, o una perspectiva transversal de género, entre otras; pero, lo primero será asegurar que el nuevo texto constitucional devuelva sin ninguna cortapisa el poder democrático al pueblo.
No parece, sin embargo, que el país asuma aún este significado histórico de un evento electoral que está a poco más de dos meses. La desconfianza ciudadana hacia la política conspira contra ello, así como el inédito e insospechado escenario de la pandemia. Tampoco contribuye a asentar esta significación histórica las dudas de la derecha y del gobierno sobre la realización del plebiscito, el cual fue una concesión obligada derivada de la fuerza del movimiento del 18-O. El nuevo gabinete, encabezado por un colaborador de la dictadura, acentúa las desconfianzas. Por ahora el plebiscito está a buen resguardo inscrito en la Constitución, pero que este se realice y tenga la masividad que requiere para su plena legitimidad es un escenario en disputa.
La pandemia ya no parece un obstáculo insalvable. En el mundo para este año 2020 se contemplan 154 eventos electorales, y desde el inicio de la pandemia hasta el pasado 1 de julio ya se habían celebrado en el mundo 45. Las condiciones sanitarias para la realización de estos eventos se encuentran ampliamente estudiadas, probadas y documentadas. No existe excusa, por tanto, para la no realización del plebiscito del 25 de octubre. El criterio internacional ha sido que la democracia no puede ser interrumpida por la pandemia ni por catástrofes de ninguna índole. El ejercicio democrático y la condición de ciudadanía no puede ser interrumpida so pena de dar paso de facto a formas autoritarias de gobierno.
Pero si el gobierno y la derecha no tendrán especial interés en la realización del plebiscito, este resulta esencial para las demandas de la sociedad que se expresó el 18-O y para el conjunto de fuerzas políticas que quieren dar paso a una democracia plena en Chile. Lo sucedido frente a la pandemia y los múltiples proyectos de ley que se han intentado impulsar para aliviar la situación económica-social asociada a ésta (post natal de emergencia, retiro del 10% de las AFP, no corte de servicios básicos, entre otras) ha tenido siempre como argumento por parte de la derecha su inconstitucionalidad. Sin proponérselo la derecha ha desplegado una pedagogía en favor de que la Constitución si importa, y se vincula a los problemas más inmediatos y cotidianos de las personas.
La oposición y la izquierda se encuentran fragmentadas como pocas veces en la historia. Para el plebiscito del 25 de octubre no necesita saldar todas sus diferencias porque en el APRUEBO a una nueva Constitución y a una Convención íntegramente elegida, solo requiere convicciones democráticas comunes. Los proyectos de nueva Constitución se jugarán en el escenario siguiente, es decir, en la Convención Constitucional y allí si será bueno y necesario una sana diferenciación. No una fragmentación, pero si una diferenciación entre quienes realmente se proponen la superación del neoliberalismo y quienes no. En ese momento ese clivaje será el principal. Hoy el tema central es asegurar la realización del plebiscito del 25 de octubre y que este se de en condiciones que aseguren una participación masiva y segura.
Que el 25 de octubre sea una gran jornada democrática está hoy en las manos de esa sociedad lúcida e insumisa que se ha venido expresando desde el 18-O. También los partidos políticos y especialmente la izquierda deben definir su aporte. Se requerirán formas muy innovadoras de difusión de los mensajes en un país confinado y atemorizado por la pandemia. Las próximas semanas serán decisivas para asegurar la realización del plebiscito y las condiciones de este. Es un momento histórico único, el más significativo y con más proyecciones de nuestra historia reciente.