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Ultraderecha: la verdadera amenaza terrorista por Álvaro Ramis

El pasado 14 de junio el presidente Gabriel Boric anunció que enviará un proyecto de ley durante el segundo semestre de este año orientado a modificar la actual legislación antiterrorista. A juicio de la ministra del interior Carolina Tohá: “Nosotros no estamos en contra de tener una legislación antiterrorista, debemos tener una buena, moderna y eficaz”. Según el presidente: “El problema de la ley que hoy día tiene Chile es que es ineficaz, y no solo es ineficaz, sino que cuando ha sido utilizada Chile ha sido condenado por organizaciones internacionales por el mal uso que se le ha dado”.



Efectivamente, el estado chileno fue condenado en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejando sin efecto ocho condenas por terrorismo desde el 2003 -siete mapuches y una activista- en el marco de un conflicto por tierras. Ese mismo año el Comité de Derechos Humanos de la ONU también pidió la reforma de esa ley. En el origen del problema está la intencionalidad misma de la ley 18.314, promulgada en 1984 cuando la dictadura de Pinochet enfrentaba la ola de protestas iniciada en 1983. Esta ley reforzó la capacidad represiva del estado, que amparado por la doctrina de la seguridad nacional tildaba como “enemigo interno” a quienes sindicaban como “extremistas”, “subversivos”, “violentistas” y/o “comunistas”, y de esa manera les situaba fuera del orden social y jurídico, en un estatus de desprotección deliberada.


En la actualidad el terrorismo sigue siendo un concepto que no logra una clara delimitación internacional. La definición más aceptada es la de Alex Schmid: “Un método de reiterada acción violenta inspirado en la angustia, utilizado por personas, grupos, o Estados, de forma (semi) clandestina, por razones idiosincrásicas, criminales o políticas, por medio de las cuales —a diferencia del asesinato— el objetivo inmediato de la violencia no es el objetivo final. Las víctimas humanas de la violencia son elegidas entre la población al azar (blancos de oportunidad) o de forma selectiva (blancos simbólicos o representativos) y se utilizan como generadores del mensaje terrorista. El proceso comunicativo entre terrorista (u organización terrorista), víctimas (o amenazados) y objetivos principales, basado en la violencia o amenaza de violencia, es utilizado para manipular a esos objetivos principales (audiencia) y convertirlos en blancos del terror, de las exigencias terroristas o de atención, dependiendo de si se busca la intimidación, la coacción o la propaganda”.


Bajo esta definición es razonable generar una legislación antiterrorista que apunte a combatir un extremismo en los medios, pero no necesariamente de los fines. La conceptualización de Schmid permite visibilizar la existencia de un terrorismo “conservador” o “reaccionario”, que no busca cambios radicales, sino el mantenimiento absoluto del statu quo.


El terrorismo de extrema derecha, principal amenaza global


En las últimas décadas el terrorismo islámico o yihadista ha empezado a ceder protagonismo ante un riesgo mayor: el terrorismo de extrema derecha. Pero a pesar del auge de este terrorismo, responsable de la gran mayoría de muertos en atentados en la actualidad, los recursos de las agencias gubernamentales siguen estando focalizados en la lucha contra amenazas ubicadas fuera de las fronteras nacionales, principalmente bajo la hipótesis del terrorismo islámico. Pero basta revisar los análisis de los principales gobiernos de occidente para ver que ese diagnóstico es errado.


El más directo ha sido el ministro alemán del Interior Horst Seehofer (CSU), quién declaró explícitamente en 2021: “el extremismo de derecha es la mayor amenaza para la seguridad en nuestro país”. En la misma línea se ha manifestado el Comité de Inteligencia y Seguridad (ISC) del Parlamento del Reino Unido. Esa instancia comenzó una investigación en octubre de 2019, luego que el M15 dio la alerta ante el ataque terrorista contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda. El informe del comité se publicó en julio de 2022 y mostró que el 49% de los arrestos por terrorismo en el Reino Unido hasta septiembre de 2022 estuvieron vinculados a sospechas de terrorismo de extrema derecha. A la vez el ISIC identificó el interés de la ultraderecha por infiltrar las fuerzas armadas y la policía: “cerca de un quinto de los militares dicen haber percibido señales de supremacía blanca o de racismo dentro de las fuerzas armadas, como la utilización sin reservas de insultos racistas y de una retórica antisemita, y hasta el despliegue deliberado de explosivos en forma de esvástica” señala hopenothate.org.uk, grupo de investigación especializado en estas temáticas.


En relación con Estados Unidos una investigación del periódico The Guardian mostró que entre 2009 y 2018, la extrema derecha fue responsable del 73% de las muertes relacionadas con el extremismo en ese país. Según el Center for Strategic & International Studies, el terrorismo de ultraderecha perpetró dos tercios de los atentados y de las conspiraciones en Estados Unidos en 2019, y más del 90% entre el 1º de enero y el 8 de mayo de 2020. Estos datos hicieron que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitiera un informe en octubre de 2020 que señala: “los extremistas violentos con motivaciones raciales y étnicas –en particular los extremistas supremacistas blancos– seguirán siendo la amenaza más persistente y mortífera en los Estados Unidos”. Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos comentó: “Como Secretario, me preocupa cualquier forma de extremismo violento […], sin embargo, estoy particularmente preocupado por los extremistas violentos de la supremacía blanca que han sido excepcionalmente letales en sus aborrecibles ataques en los últimos tiempos”.


En América Latina es alarmante el caso de Brasil, luego del intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2023, impulsado por el bolsonarismo. Luego de esta acción la justicia brasileña ha constatado un aumento exponencial de los ataques terroristas sobre la base de la xenofobia, el racismo y otras formas de intolerancia a escala nacional. No es extraño que la “Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo”, aprobada el 30 de junio de 2021, destaque “el auge de la xenofobia, el racismo y los actos de intolerancia, extremismo violento que conduce al terrorismo”.


El terrorismo de ultraderecha en Chile


Es importante recordar que la ultraderecha ha tenido una larga y cruenta trayectoria de violencia en Chile. Durante la Unidad Popular cometieron gravísimos crímenes como el del general René Schenider en 1970, del edecán Arturo Araya en 1973, y un conjunto de prácticas de atentados selectivos y sabotajes a infraestructuras estratégicas a mano de grupos terroristas como Patria y Libertad, Comando Rolando Matus y Acción Chilena Anticomunista (ACHA). Durante la dictadura, el ejercicio del terrorismo de Estado hubiera sido imposible a escala internacional sin su alianza con la ultraderecha mundial. Crímenes como de Carlos Prats en Buenos Aires (1974) y el atentado contra Bernardo Leighton en Roma (1975) necesitaron del comando fascista italiano de Stefano Delle Chiaie y Vincenzo Vinciguerra. Igualmente, el asesinato de Orlando Letelier (1976) en Washington fue mediado por terroristas cubanos articulados por Virgilio Paz Romero, y las redes de Michael Townley, que incluían a la Organisation de l’Armée Secrète (OAS) en Francia y al grupo de Frank Sturgis en Estados Unidos.


En la última década se ha denunciado la connivencia de organizaciones como la Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía (APRA) con discursos racistas y de odio que incitarían la creación de grupo paramilitares, como el Comando Hernán Trizano (CHT). De igual manera se advierte el alarmante incremento de asesinatos selectivos a dirigentes sociales, ambientales, sindicales, migrantes, y comunicadores populares, como Juan Pablo Jiménez (2013), Macarena Valdés (2016), Alejandro Castro (2018), Marcelo Vega (2019), Javiera Rojas (2021), Francisca Sandoval (2022) o Milton Domínguez (2023) sólo por citar algunos de los de mayor connotación pública.



Foreign Policy alertó en 2022, que luego del plebiscito del 4 de septiembre la derecha antidemocrática en Chile llegó para quedarse. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció en 2022 un incremento de un 66 % en crímenes homofóbicos y transfóbicos en comparación al 2021. Grupos como el Team Patriota sólo son la cara pública de redes ultraderechistas más sofisticadas, que operan en la clandestinidad. Este contexto demuestra que Chile debe destinar más recursos financieros y humanos a la lucha contra el extremismo violento de ultraderecha, al tiempo que se debe unir a los esfuerzos y alianzas internacionales en este objetivo. Existen acuerdos y espacios globales en esta materia, en los cuales el estado chileno ya participa, como Christchurch Call y la Declaración de Delhi sobre la lucha contra el uso de tecnologías nuevas y emergentes con fines terroristas. Pero no es suficiente. Una nueva y eficaz ley antiterrorista debe prevenir y sancionar el terrorismo de ultraderecha como la principal amenaza terrorista de la actualidad. Para ello debe impedir la infiltración en las FFAA y la policía, y castigar los discursos y crímenes de odio, que en la mayoría de los casos no se investigan y quedan en la más absoluta impunidad.


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