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  • Foto del escritorAldo Frites

Declaración Plataforma Socialista


LLAMADO A CONSTITUIR UN COMITÉ POR LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE (O CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL)


1. Plataforma Socialista es un espacio político autónomo de convergencia de quienes se reconocen en la historia y la cultura socialista. En él concurren socialistas que ya no militan en el actual PS con otros/as que si lo hacen, independientes de izquierda y pueblo socialista. Nos une una visión de rescate de un socialismo de izquierda y de superación de la actual diáspora socialista. Busca oponerse a las fuerzas centrífugas existentes, sumando y reagrupando al mundo socialista para un proyecto de y con la izquierda.


2. Plataforma Socialista entiende que el denominado “Acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución” constituye el hecho histórico más importante desde el Plebiscito de 1988 -impensable sin la decidida movilización popular de estas semanas- pues comienza a hacer posible el proceso mediante el cual la Constitución de 1980, que ha cobijado y protegido el modelo neoliberal en estas décadas, será sustituida por la primera Constitución elaborada democráticamente en Chile. Este es un triunfo que hicieron posible las luchas y movilizaciones de los ciudadanos y ciudadanas iniciadas el 18 de octubre.


3. El Acuerdo por la Nueva Constitución enfrenta, sin embargo, serios déficits que deben ser abordados. Por un lado, ha sido gestado sin un proceso de consulta de los actores políticos con el mundo social que puso en marcha las movilizaciones, cuestión que ha dañado la legitimidad del entendimiento parlamentario y de los partidos políticos. Por ejemplo, no ha existido un diálogo especial con los estudiantes secundarios, gestores del movimiento del 18 de octubre. También debemos alertar que la derecha ha comenzado a reaccionar tras verse inicialmente sorprendida por las movilizaciones, intentando neutralizar el contenido transformador del proceso puesto en marcha, y legitimar al mismo tiempo un proceso de militarización y de violenta represión como respuesta a la movilización social.


4. La legitimidad del acuerdo puede y debe ser fortalecida estableciendo la obligatoriedad del voto, rebajado la edad de votación hasta los 14 años, asegurando una composición paritaria de la Asamblea Constituyente, un mecanismo que permita una participación de constituyentes representantes de los pueblos originarios y un mecanismo que permita la presentación de listas a los ciudadanos independientes. Un riesgo significativo es la indefinición de la derecha respecto al eventual bloqueo mutuo del proceso constituyente por el derecho a veto del que dispondría cualquier tercio de la Convención.


Proponemos que en la tramitación próxima de la ley del plebiscito se discuta la única solución razonable: que los temas principales en desacuerdo y que no pueden ser definidos por ley simple lo sean en el plebiscito final sancionatorio de la nueva Constitución. Hacia adelante es crucial que la reforma constitucional que posibilita e inicia el proceso constituyente asegure los elementos antes indicados pues de éstos depende fortalecer o debilitar la legitimidad que la ciudadanía le asigne el proceso.


5. Sobre esa base, la ciudadanía debe movilizarse para ganar el SI o Apruebo a la nueva Constitución y para que la Asamblea Constituyente sea elegida íntegramente por el país. Tenemos apenas 4 meses para construir un movimiento que haga posible un gran triunfo en el Plebiscito. La situación no es fácil, la derecha dispone de todo el poder que le da el control del gobierno en un régimen hiper presidencialista, la ciudadanía no se siente representada por el sistema político; muchos años de desvinculación entre la ciudadanía y los partidos de izquierda han generado una gran desafección. El Plebiscito de entrada es el primer paso para que la gente tome en sus manos la construcción de un nuevo Pacto Constitucional y social. Un contundente triunfo allí genera un hecho político irreversible: la derrota definitiva de la Constitución del 80.


6. Por ello, Plataforma Socialista propone y trabajará para ello, construir una gran coalición por la nueva Constitución y la Asamblea Constituyente que empiece a trabajar desde ahora para asegurar el triunfo en abril del 2020. Llamamos a todos quienes compartan la urgencia de esta tarea a organizarnos a través de un COMITÉ POR EL PLEBISCITO Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE (O CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL), el que debe estar integrado por dirigentes y dirigentas sociales, sindicales, feministas, ecologistas, regionalistas y políticos; por organizaciones territoriales y cabildos; por artistas, deportistas, intelectuales, profesionales, organizaciones de sociedad civil, y todas aquellas personas que comparten la urgencia de organizar rápidamente las tareas en todo el país para obtener el triunfo en el próximo referendo.


7. Ha sido la ciudadanía y el pueblo movilizado quienes crearon las condiciones para este triunfo histórico. En ese proceso los derechos humanos han sido violentados de manera sistemática por el uso excesivo de la fuerza. Más de 20 ciudadanos/as muertos/as, más de 200 personas con pérdida ocular o su visión afectadas y centenas de jóvenes herido por perdigones. Los derechos humanos han sufrido un fuerte retroceso en este período. La tolerancia cero en este campo es condición para recuperar la tranquilidad en las ciudades del país. El rechazo por parte del Gobierno del informe de Amnistía Internacional (AI) representa un grave error del Gobierno que alienta comportamientos de las fuerzas policiales atentatorios a los DDHH.


8. La autorización del gobierno a la declaración de las Fuerzas Armadas rechazando el informe de Amnistía Internacional constituye asimismo una invitación a la repolitización de las instituciones militares que debe ser rechazada. La militarización de la respuesta a la crisis social, reflejada tanto en la declaración inicial de “guerra” por parte del Presidente Piñera, en la imposición del primer Estado de Emergencia; en el intento del Gobierno de arrastrar a las Fuerzas Armadas hacia la deliberación y repolitización a través de una defensa corporativa ante el primero de varios informes internacionales sobre violaciones a los derechos humanos; y el posterior intento de naturalizar la militarización permanente mediante reformas que permitan su actuación sin Estados de Excepción Constitucional, constituye una seria amenaza sobre la legitimidad de la salida política y no militar a la actual crisis a través de un proceso constituyente.


9. El Acuerdo por la Nueva Constitución representa una oportunidad en la historia de la soberanía popular en nuestro país. Es sin embargo necesario recordar que la revuelta popular surge como resultado de la desigualdad social, el abuso cotidiano, la corrupción empresarial y la negativa del sistema político a responder a las demandas sociales que desde hace ya tiempo han quedado de manifiesto en las grandes movilizaciones de la ciudadanía en los últimos 15 años y que requiere ser resuelta con una agenda social radical.


10. La agenda social del Gobierno y el acuerdo establecido entre la Administración y un grupo de senadores es absolutamente insuficiente. No es posible que se discrimine entre los pensionados que reciben la Pensión Básica Solidaria; el aumento de 11% del per cápita de la Atención Primaria de Salud hace oídos sordos a los reclamos de quienes son atendidos en el sector público de salud y el Ingreso Mínimo Garantizado elude la necesidad de elevar sustantivamente el salario mínimo y al mismo tiempo construir una política pública de largo plazo para mejorar el ingreso global del 60% más pobre.


Frente a la crisis financiera del 2008 – 2009 el país invirtió sobre un 5% del PIB de la época para enfrentar la crisis que sufrió el país como efecto de la crisis financiera internacional La situación que vive el país hoy es mucho más grave y el Gobierno pretende enfrentarla con menos de 1% del PIB.


11. Es indispensable un ACUERDO POLÍTICO Y SOCIAL POR UNA AGENDA SOCIAL que incluya un incremento del gasto en salud que elimine en un año las listas de espera utilizando al máximo y ampliando la infraestructura pública de manera que se termine con la compra de servicios caros al sector privado y asegure servicios de calidad a la población. Es fundamental elevar los salarios mínimos a una cifra de 500 mil pesos, lo que representa cerca del 50% del PIB per cápita y es el criterio que muchos países utilizan para fijarlo. Los recursos del Estado deben ser utilizados en este ámbito solo para apoyar en este esfuerzo a las PYMES. Las empresas medianas y grandes no necesitan de este subsidio. De hecho son numerosas las empresas que se han comprometido con un salario mínimo como el indicado.


12. Es necesario avanzar hacia pensiones dignas, esto es, un aumento significativo de la pensión básica solidaria y una reforma también significativa al sistema de pensiones contributivas (AFP), transitando desde el actual sistema de ahorro privado hacia un sistema de seguridad social.


Este ACUERDO POLÍTICO Y SOCIAL POR UNA AGENDA SOCIAL REAL debe incluir una REFORMA TRIBUTARIA que financie el esfuerzo social que se necesita. El Gobierno ha anunciado una reforma para el primer semestre del próximo año. No es posible hacer cambiar el sistema impositivo todos los años y en tal sentido debemos aprobar una reforma que en los próximos 5 años lleve la carga tributaria del actual 20% del PIB a un 25% muy por debajo todavía de la carga tributaria promedio que tienen los países de la OCDE. Esta reforma debe incluir la plena desintegración del sistema tributario (en los países civilizados pagan impuestos las empresas y sus propietarios), la instalación de un royalty para el uso de los Recursos Naturales del País, el fin de tributación sobre renta presunta y el final de las exenciones a las ganancias de capital entre otras. Mientras se aprueba la reforma tributaria que financia gastos permanentes con ingresos permanentes, país dispone de la posibilidad de utilizar parte de los fondos soberanos para hacer realidad el ACUERDO POLÍTICO Y SOCIAL POR UNA AGENDA SOCIAL REAL que necesita el país para avanzar hacia una sociedad democrática y justa, base para una paz social verdadera.



Santiago, 25 de noviembre de 2019.

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