E intento de injerencia de la OECD en proceso constitucional de Chile.
Frente al anuncio del Gobierno de la firma por el Ministro de Relaciones Exteriores de un acuerdo con la OECD para que preste asistencia técnica al proceso constituyente en marcha, la Plataforma Socialista se hace un deber manifestar lo siguiente:
1. Este Acuerdo es inaceptable, ya que implica la usurpación por parte del Gobierno de una atribución soberana, exclusiva y excluyente, de la futura Convención Constitucional, la que deberá definir, una vez instalada, qué tipo de asesorías podrá necesitar y a quiénes solicitarla, entre otros elementos que deberá decidir.
2. Este Gobierno debe entender de una vez por todas, que respecto del proceso constitucional, su mandato sólo incluye crear las condiciones logísticas que permitan que los y las futuras delegados y delegadas a la Convención Constitucional, sean elegidos y elegidas de manera transparente y democrática y que cuenten con las condiciones materiales y presupuestarias necesarias para su adecuado funcionamiento, sin interferir en ningún aspecto que diga relación con la forma en que dicha Convención va a funcionar.
3. Cualquiera acción en este terreno que se salga de ese marco, será ilegítima y un intento de manipular un proceso en que el pueblo chileno soberanamente ha decidido que no quiere la interferencia de los Poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo incluidos, a no ser para crear las condiciones básicas que hagan posible que esa Convención tenga los delegados y delegadas que corresponda y cuenten con las condiciones básicas para poder funcionar como decida hacerlo.
4. Debe tenerse en cuenta, además, que este Acuerdo lo firma un Ministro que ha sido un acérrimo enemigo, primero, de que se cambie la Constitución pinochetista que nos rige; segundo, de que se hiciera el Plebiscito del pasado 25 de octubre; y, tercero, de que se optara por la fórmula de una Convención Constitucional, que el 80% de los chilenos aprobó. Asimismo, es necesario saber si el Presidente Sebastián Piñera estaba informado de las gestiones del Canciller y si las autorizó o no, pues en uno u otro sentido sería doblemente grave lo actuado.
5. Debemos advertir a los organismos internacionales acerca de su participación en el proceso constituyente en marcha, en el sentido que deben respetar y cuidarse de no invadir la soberanía de la futura Convención Constitucional haciéndose parte de iniciativas de un gobierno que mantiene sólo la formalidad de su mandato y que ha perdido su legitimidad social, al haber atropellado masivamente los derechos humanos, mantener cientos de presos políticos encarcelados sin que haya sentencia condenatoria alguna y reprimir día a día la pacífica y legítima expresión del descontento ciudadano.
6. Finalmente, hacemos un llamado a que la oposición y las organizaciones sociales, se pronuncien y rechacen con fuerza este intento del Gobierno por interferir en la futura Convención Constitucional.